Divorcio, custodia y pensión alimenticia en Brasil

1. El divorcio y las cuestiones que no resuelve automáticamente

La Emenda Constitucional nº 66/2010 eliminó las antiguas condiciones vinculadas a la separación para el divorcio directo. La disolución no exige acreditar culpa ni un período mínimo de separación. La negativa de un cónyuge a consentir no constituye un derecho sustantivo a mantener el matrimonio, aunque siguen siendo necesarias la competencia, el emplazamiento y las garantías del debido proceso.

El vínculo matrimonial puede resolverse por separado de las cuestiones patrimoniales pendientes. El artículo 1.581 del Código Civil permite el divorcio sin previa división de los bienes. Los alimentos, el ejercicio de las responsabilidades parentales y la protección urgente también deben identificarse conforme a sus fundamentos jurídicos específicos, sin presumir que una resolución de disolución decide necesariamente todas las consecuencias.

El divorcio puede tramitarse judicialmente o, de común acuerdo, mediante escritura notarial, cuando se cumplen las condiciones prescritas y las partes cuentan con asistencia letrada. La existencia de hijos comunes menores o incapaces ya no constituye un impedimento absoluto para esta última vía: el artículo 34, apartado 2, de la Resolução CNJ nº 35/2007, modificada por la Resolução nº 571/2024, exige la previa resolución judicial de todas sus cuestiones de custodia, contacto y alimentos, debidamente acreditada en la escritura. El notario no decide esas cuestiones cuando aún están pendientes.

El divorcio extranjero exige una clasificación según los efectos pretendidos. El artículo 961, apartado 5, del CPC permite que el divorcio extranjero consensual puro produzca efectos sin homologación por el STJ, mediante el procedimiento registral correspondiente. Las resoluciones contenciosas y las disposiciones accesorias requieren un examen propio de reconocimiento y ejecución. Ni una apostilla ni un breve extracto traducido acreditan que toda disposición extranjera sea ejecutable en Brasil.

2. Custodia, residencia y contacto

Los artículos 1.583–1.584 del Código Civil distinguen la custodia compartida de la unilateral. La custodia compartida se refiere a la responsabilidad parental y no exige un reparto automáticamente igualitario del tiempo de presencia física. La residencia principal del hijo y el régimen concreto deben determinarse expresamente, atendiendo a la escolarización, los cuidados, la distancia, la salud y las relaciones seguras.

La preferencia por la custodia compartida está sujeta a las salvedades legales. La Lei nº 14.713/2023 modificó el artículo 1.584, apartado 2, para incluir entre las excepciones elementos que indiquen una probabilidad de violencia doméstica o familiar; la declaración de un progenitor de que no desea ejercer la custodia constituye otro supuesto expreso. Una preferencia general no debe ocultar la evaluación concreta de la protección necesaria.

La custodia unilateral no extingue automáticamente la autoridad parental del otro progenitor ni todos sus derechos de información y contacto. Los artículos 1.589, 1.632 y 1.634 deben examinarse junto con la resolución aplicable. Del mismo modo, el contacto no constituye un derecho incondicional a desatender una restricción de protección o el bienestar del hijo.

Cuando los progenitores se encuentran en países distintos, especifique husos horarios, vacaciones escolares, documentos de viaje, vuelos, acompañantes, gastos y entregas del hijo. El consentimiento para un viaje debe distinguirse de la autorización para trasladar permanentemente la residencia y de la expedición del pasaporte. Si se plantea un traslado o se alega una retención ilícita, examine las cuestiones específicas de competencia y del Convenio de La Haya antes de apoyarse en una categoría interna del régimen parental.

3. Fijación y revisión de los alimentos de los hijos

El artículo 1.694, apartado 1, del Código Civil relaciona las necesidades del alimentista con los recursos del obligado al pago. Ambos progenitores contribuyen proporcionalmente, teniendo en cuenta en la valoración los cuidados efectivamente prestados y las aportaciones en especie pertinentes. No existe una tabla nacional que prescriba un diez, veinte o treinta por ciento para todos los casos, ni un mínimo universal expresado en dólares estadounidenses.

Prepare un presupuesto documentado de vivienda, alimentación, vestido, educación, atención sanitaria, cuidados y otras necesidades justificadas. Separe los gastos recurrentes de los extraordinarios y explique la parte correspondiente al hijo en los gastos del hogar. Si los ingresos son irregulares o se obtienen en el extranjero, la valoración puede exigir documentación laboral, información fiscal, cuentas empresariales, prestaciones y un tratamiento claro de la moneda y su conversión.

La resolución debe definir la base de pago, el destinatario, la fecha de vencimiento, la actualización, el tratamiento de los cambios de empleo y los gastos directos que procedan. Una suma fija y un porcentaje de los rendimientos operan de manera distinta. Las cláusulas imprecisas pueden generar controversias sobre bonificaciones, deducciones, cargos o reembolsos, aunque los progenitores hubieran acordado inicialmente un importe mensual aproximado.

Los alimentos provisionales pueden solicitarse mediante el procedimiento aplicable, incluido el artículo 4 de la Lei nº 5.478/1968. Los cambios relevantes en las necesidades o los recursos pueden justificar una revisión conforme al artículo 1.699 del Código Civil. Cumplir dieciocho años no extingue automáticamente la obligación: la Súmula 358 del STJ exige una decisión judicial con respeto del principio de contradicción. La continuación de los estudios debe valorarse según la prueba, sin inventar una edad máxima universal.

4. Pago y ejecución de los alimentos

El pago debe ajustarse al contenido del título ejecutivo y conservar su trazabilidad. Preserve el importe, la fecha, el destinatario, la identificación de la cuota y la prueba de su recepción. Un progenitor no debe sustituir una obligación dineraria por regalos, pagos a otro destinatario o abonos directos al centro escolar sin la autorización necesaria. La obstrucción del contacto o la alegación de sustracción no suspenden por sí solas los alimentos.

La ejecución puede comprender las retenciones o las medidas patrimoniales que correspondan. El artículo 529, apartado 3, del CPC regula el límite de las retenciones sobre los rendimientos que combinan las obligaciones corrientes y los atrasos; esa disposición no establece un porcentaje general para fijar los alimentos. La medida disponible depende del título, la deuda, el procedimiento y los recursos identificados.

La prisión civil se rige por el artículo 528 del CPC, no por una disposición de idéntico número del Código Civil. El apartado 7 y la Súmula 309 del STJ delimitan, para esta vía coercitiva, las tres cuotas anteriores al inicio de la ejecución y las que venzan durante el procedimiento. El apartado 3 establece el período legal de uno a tres meses cuando concurren sus requisitos. Los atrasos más antiguos siguen siendo exigibles mediante la vía patrimonial adecuada.

El impago no produce detención automática sin el procedimiento prescrito. Conforme al artículo 528, apartado 2, la justificación prevista exige probar un hecho que genere imposibilidad absoluta de cumplimiento. No debe presumirse que una demanda de modificación o un pago parcial suspendan la ejecución o dejen sin efecto una orden de detención existente. El abogado debe examinar íntegramente la pretensión, la liquidación y las resoluciones vigentes.

5. Cobro internacional conforme al Convenio de La Haya de 2007

El Convenio de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia entró en vigor para Brasil el 1 de noviembre de 2017, según el cuadro de situación de la HCCH. Sus mecanismos pueden facilitar las solicitudes transfronterizas comprendidas en su ámbito, incluidas las de reconocimiento y ejecución, pero deben comprobarse el alcance del Convenio, las declaraciones y su aplicación entre los Estados interesados.

La vía de la Autoridad Central designada y la representación por abogado particular desempeñan funciones distintas. El solicitante debe determinar si pretende obtener una resolución inicial, reconocer una ya existente, ejecutar atrasos o solicitar otra forma de asistencia. Los formularios y documentos justificativos adecuados se derivan de esa clasificación, y no de una instrucción genérica de enviar la sentencia de divorcio al extranjero.

Prepare la resolución íntegra dotada de fuerza ejecutiva, el historial de pagos, la liquidación de atrasos, la información sobre las partes y los ingresos o bienes conocidos. Deben comprobarse los requisitos de autenticación, idioma y documentación conforme a la vía aplicable, incluidas las propias reglas del Convenio. Una lista documental de un litigio interno ordinario no debe trasladarse mecánicamente a una solicitud convencional.

Los medios de ejecución y la duración efectiva varían según el Estado requerido y el caso. El tratado no garantiza que todos los países recurran a retenciones salariales, retención de devoluciones tributarias, restricciones de licencias o detención, ni que una solicitud concluya en un plazo fijo. La coordinación internacional debe procurar un resultado que pueda llevarse a efecto, manteniendo bajo control el cumplimiento local y la revisión de la resolución originaria que resulte necesaria.

6. Documentos y aplicación coordinada

Mantenga una cronología única y fiable y copias completas del registro matrimonial, las certificaciones de nacimiento pertinentes, las resoluciones existentes, los documentos de emplazamiento, los acuerdos y los justificantes de pago. Identifique el historial de residencia del hijo y cualquier consentimiento de viaje o traslado. La documentación financiera debe fundamentar el importe o la medida ejecutiva solicitados, excluyendo datos personales innecesarios.

Acuda al registro civil o notario competente para el acto efectivamente necesario y obtenga sus requisitos por escrito. Los sitios comerciales de certificados no son intercambiables con un tribunal, una Autoridad Central o el registro de origen. La inclusión en un directorio o la publicidad de un servicio no acreditan que pueda obtener cualquier documento o realizar el acto jurídico requerido.

El plan final debe indicar qué conseguirá cada procedimiento o documento, quién debe actuar y qué seguirá siendo necesario en el extranjero. Al acuerdo sobre el resultado deben seguirle las actuaciones judiciales, registrales y ejecutivas exigidas. Distinga una solución propuesta, un documento firmado, una resolución eficaz y una aplicación confirmada en cada jurisdicción.