Derecho internacional

Derecho internacional: objeto, formación y fuentes

El derecho internacional no se limita a reglas de convivencia externa entre dos países. En su dimensión pública, regula relaciones jurídicas de la sociedad internacional, con participación de Estados, organizaciones y, según el régimen considerado, individuos. En la dimensión privada, examina la coordinación de ordenamientos ante relaciones con elementos extranjeros. La identificación de esa conexión es el inicio del análisis, no una respuesta anticipada sobre la autoridad competente o la norma aplicable.

Su formación histórica abarca prácticas diplomáticas, comercio, conflictos, pactos y diferentes tradiciones de pensamiento. La reconstrucción de Europa posterior al mundo romano constituye un enfoque posible de investigación, pero no autoriza a situar, como consenso doctrinal, el nacimiento de toda la disciplina en la Edad Media. La consolidación de los Estados y de las formas de cooperación forma parte de un proceso más amplio, que no puede reducirse a un paso lineal de la guerra al comercio.

Los tratados desempeñan una función central en ese desarrollo, sin agotar las fuentes. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia distingue las convenciones, la costumbre y los principios generales, e identifica las decisiones judiciales y la doctrina como medios auxiliares para determinar las reglas. Esa disposición orienta la comprensión del repertorio utilizado por la Corte; no convierte cualquier opinión académica o precedente en un mandato universalmente vinculante.

Las alianzas, los acuerdos de paz y los instrumentos comerciales muestran la diversidad de finalidades de los pactos internacionales. La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, promulgada en Brasil por el Decreto nº 7.030/2009 con reservas a los artículos 25 y 66, establece un régimen para los tratados entre Estados. Su utilización exige identificar el instrumento, las partes, el alcance material y temporal y las condiciones de producción de los efectos pertinentes.

Instituciones e instrumentos de cooperación

La Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos pertenecen a la historia de la organización y la cooperación internacionales, pero no poseen una identidad institucional ni una competencia intercambiables. Tampoco deben agruparse tribunales y organizaciones en una categoría indistinta de productores de tratados. La fuente de la competencia de cada entidad debe examinarse antes de atribuirle una función determinada.

La Corte Internacional de Justicia admite a los Estados como partes en los procedimientos contenciosos, conforme al artículo 34 de su Estatuto; la jurisdicción depende de los fundamentos previstos en el artículo 36. La Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ejerce competencia penal sobre personas, dentro de los límites de ese instrumento y conforme a la complementariedad respecto de las jurisdicciones nacionales. No constituye una instancia general de revisión de litigios privados con conexión extranjera.

Tampoco existe un “Convenio de La Haya” del que deriven indistintamente los regímenes de armas químicas, alimentos y trata de personas. Son instrumentos con objetos y trayectorias propios. La convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción fue promulgada por el Decreto nº 2.977/1999. El cobro internacional de alimentos y el protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, firmados en La Haya en 2007, fueron promulgados por el Decreto nº 9.176/2017. La existencia de dos instrumentos en este último decreto exige distinguir la cooperación para el cobro de la determinación del derecho aplicable.

El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y fue promulgado por el Decreto nº 5.017/2004. La identificación de esos textos no certifica su incidencia sobre cualquier situación: el objeto, el ámbito de aplicación y la relación entre los países deben verificarse por separado. La proximidad temática no permite fundir convenciones ni atribuir su origen al mismo foro.

El derecho internacional público

El derecho internacional público comprende normas sobre sujetos, competencias, responsabilidad, cooperación y solución de controversias en la sociedad internacional. Su objeto no se define solo por el interés colectivo o por el carácter público de una institución. Los derechos y deberes de los individuos también pueden integrar regímenes específicos, mientras que la participación de un Estado en una relación económica no resuelve, por sí sola, todas las cuestiones de calificación jurídica.

Las conexiones con el derecho constitucional, administrativo, tributario y penal son relevantes, pero no instituyen una legislación supraconstitucional uniforme para todos los países. Los derechos fundamentales, las organizaciones internacionales, la tributación transfronteriza y la represión de delitos presentan fuentes y métodos propios. La clasificación académica facilita la sistematización; no exime de identificar la norma vinculante ni el procedimiento competente para aplicarla.

La soberanía y la autodeterminación de los pueblos deben articularse con las obligaciones internacionales, sin convertirse en justificaciones de injerencias arbitrarias. La Carta de las Naciones Unidas regula la igualdad soberana, la solución pacífica y la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. El artículo 2, párrafos 4 y 7, el Capítulo VII y el artículo 51 tienen funciones y presupuestos distintos. La divergencia política o la invocación genérica de los derechos humanos no constituyen una autorización indiferenciada de intervención militar.

En Brasil, el artículo 4 de la Constitución reúne principios de las relaciones internacionales, entre ellos la independencia nacional, la prevalencia de los derechos humanos, la autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos. La evaluación jurídica de una medida concreta exige confrontar esos fundamentos con la competencia institucional y la norma internacional invocada, en lugar de presumir legitimidad o ilicitud a partir de la afinidad política de los implicados.

El derecho internacional privado y su relación con la dimensión pública

El derecho internacional privado aborda cuestiones de jurisdicción, ley aplicable, cooperación y eficacia de los actos extranjeros en relaciones privadas conectadas internacionalmente. El comercio, la organización societaria, la propiedad inmobiliaria, la familia y las sucesiones ofrecen ejemplos. Las normas materiales de cada ámbito siguen siendo relevantes: elegir el derecho aplicable a un contrato no equivale a resolver su contenido, y determinar el foro no significa necesariamente aplicar la ley de ese mismo país.

La distinción respecto del derecho internacional público no elimina los puntos de contacto. Los tratados pueden crear mecanismos de cobro, circulación de resoluciones y comunicación procesal que benefician a los particulares. Las normas internas también coordinan ordenamientos, como sucede con la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño. La posibilidad de actuación transnacional no depende, en todos los casos, de un tratado específico celebrado previamente entre los Estados implicados.

La unidad o la autonomía de estas disciplinas es una cuestión de construcción doctrinal. Para el trabajo jurídico, la aproximación entre ellas debe preservar la diferencia entre sujetos, fuentes y efectos. El hecho de que una operación privada genere tributos que financian actividades públicas no hace idénticos el contrato comercial, la obligación tributaria y el compromiso internacional del Estado. Cada relación exige un fundamento y una calificación propios, aunque formen parte del mismo contexto económico.

Del mismo modo, la posibilidad de que una persona adquiera bienes de otro país no se resuelve solo por la orientación política de los respectivos gobiernos. Es necesario examinar las normas que efectivamente inciden sobre la operación, incluidas las eventuales restricciones comerciales, los requisitos aduaneros o las medidas específicas. La oposición entre “interés público” e “interés privado” no sustituye ese examen ni autoriza a presumir una prohibición o una libertad irrestricta.

El Poder Judicial y la internacionalización del derecho

Un juez brasileño puede aplicar el derecho extranjero cuando la regla pertinente así lo determine. La LINDB contiene disposiciones sobre cuestiones personales y familiares, bienes, obligaciones y sucesiones, especialmente en los artículos 7 a 10. La conexión con otro país no excluye por sí misma la jurisdicción brasileña, del mismo modo que la competencia de un órgano nacional no convierte necesariamente en brasileña la ley material aplicable a la relación.

El artículo 7 de la LINDB utiliza el domicilio para determinadas cuestiones personales; ello no permite convertir toda cuestión de capacidad procesal en una simple aplicación automática de la ley del domicilio. Es preciso calificar el problema antes de seleccionar la regla de conexión. Conforme al artículo 14, cuando el juez no conozca la ley extranjera, podrá exigir la prueba de su texto y de su vigencia. El artículo 17 establece límites a la eficacia de las leyes, actos, sentencias y declaraciones extranjeros frente a la soberanía nacional, el orden público y las buenas costumbres.

La determinación de la competencia internacional constituye una etapa distinta. Los artículos 21 a 23 del Código de Proceso Civil establecen supuestos de jurisdicción brasileña y materias reservadas a la autoridad nacional. La existencia de un hecho ocurrido o de un acto practicado en Brasil es uno de los criterios legales, no un fundamento para afirmar que cualquier situación conectada con el territorio quede, sin excepción, sujeta exclusivamente al foro brasileño. También deben considerarse las demás disposiciones y los tratados aplicables.

Las resoluciones extranjeras pueden producir efectos en Brasil mediante el régimen de reconocimiento pertinente. El artículo 105, I, i, de la Constitución atribuye al Superior Tribunal de Justiça el reconocimiento de las sentencias extranjeras y la concesión del exequatur a las cartas rogatorias. Los artículos 960 a 965 del CPC regulan la materia, con requisitos y límites que impiden tanto la negativa genérica de eficacia como la admisión automática de cualquier resolución.

El artículo 961, § 5, del CPC prevé que la sentencia extranjera de divorcio consensual produce efectos con independencia del reconocimiento por el STJ. La previsión no exime de examinar el contenido efectivo de la resolución ni las exigencias aplicables a los efectos pretendidos. Las pretensiones relativas al patrimonio, los alimentos, la custodia u otros pronunciamientos requieren una calificación propia; la denominación atribuida al documento no resuelve, por sí sola, su tratamiento.

La cooperación internacional, a su vez, se rige por los artículos 26 a 41 del CPC y por el instrumento pertinente. El auxilio directo, la carta rogatoria y el reconocimiento no son etapas obligatorias de una única secuencia: corresponden a objetos y presupuestos distintos. La autoridad central recibe y remite las solicitudes conforme a sus atribuciones; la decisión judicial corresponde al órgano competente. La documentación, el idioma, el contradictorio y la finalidad del acto deben organizarse según la vía elegida.

La relación entre el derecho internacional y el derecho nacional

No hay una respuesta uniforme de prevalencia que pueda aplicarse a toda norma internacional y a cualquier materia interna. Es necesario distinguir el fundamento de la vinculación internacional, el procedimiento de formación del compromiso, su producción de efectos internos y su posición en el sistema constitucional. La costumbre, el tratado y el acto institucional no se someten necesariamente al mismo recorrido de formación o de prueba.

En cuanto a los tratados, los artículos 49, I, y 84, VIII, de la Constitución reparten atribuciones entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República. La aprobación parlamentaria no debe confundirse con todas las etapas de celebración y ejecución de un compromiso. El texto del instrumento, el acto de promulgación y la situación internacional aportan informaciones distintas; firma, ratificación y entrada en vigor no son expresiones equivalentes.

El artículo 5, § 2, admite derechos y garantías derivados de los tratados en que Brasil sea parte. Su § 3 establece la equivalencia con las enmiendas constitucionales para los tratados y convenciones sobre derechos humanos aprobados, en cada Cámara del Congreso, en dos vueltas, por tres quintos de los votos de sus respectivos miembros. Esta previsión específica no permite afirmar que todo tratado sea supraconstitucional, ni que cualquier norma internacional se incorpore automáticamente al derecho interno de la misma forma.

La aplicación profesional exige, por tanto, identificar la fuente y demostrar por qué vincula a los sujetos considerados. A continuación deben examinarse el alcance de la obligación, la norma interna pertinente y el mecanismo de solución del eventual conflicto. Los criterios abstractos sobre la generalidad o la objetividad de un enunciado pueden formar parte de la reflexión teórica, pero no sustituyen la prueba de la norma y de sus condiciones de aplicación.

Formación y actualización profesional

La intensificación de las relaciones económicas, familiares y tecnológicas entre países amplía la diversidad de los problemas sometidos al análisis jurídico. Esta constatación no representa una previsión de demanda, una garantía de carrera ni una autorización para actuar en cualquier jurisdicción. El trabajo exige delimitar el encargo, verificar las fuentes, comprender el procedimiento y coordinar a los profesionales cuando la ejecución dependa de una habilitación o de un conocimiento local.

La profundización académica debe acompañar a la experiencia y a la revisión continua de las fuentes. La lectura de un tratado debe incluir su ámbito y su situación; la investigación jurisprudencial debe distinguir la tesis efectivamente decidida de una referencia lateral; la orientación práctica debe separar los requisitos obligatorios de las opciones estratégicas. La coherencia del método permite transformar la amplitud del derecho internacional en respuestas adecuadas al caso, sin reducir sus diferencias internas a una definición genérica.